Colombia tiene hoy una industria digital que representa el 3,6% del PIB nacional, ocupa el tercer lugar en América Latina en captación de capital para startups y ha multiplicado su atractivo para la inversión extranjera en la última década. Sin embargo, el gremio que agrupa a las principales plataformas tecnológicas del país lanzó esta semana una advertencia que no debe leerse como retórica gremial: el exceso de regulación mal diseñada puede frenar en pocos años lo que tardó una década en construirse.
El diagnóstico: una industria sólida con señales de alerta
En su segundo congreso anual, celebrado en Bogotá con la presencia de concejales, congresistas electos y representantes del sector tecnológico, Alianza In Colombia presentó una hoja de ruta para el desarrollo de la economía digital hacia 2030. El documento no es una lista de quejas. Es un mapa de riesgos con propuestas concretas.
José Daniel López, presidente del gremio, abrió con un dato que contextualiza la discusión: del 3,6% que representa la economía digital en el PIB colombiano según el DANE para 2024, el 20,5% corresponde directamente al aporte de plataformas digitales. No es un sector marginal. Es una pieza estructural de la economía del país.
Los números de crecimiento respaldan esa lectura:
- En 2024, Colombia captó US$513 millones en capital para emprendimientos tecnológicos, consolidándose como el tercer destino de inversión en startups en América Latina, solo detrás de Brasil y México.
- En inversión extranjera directa, el país escaló del sexto al tercer lugar regional al comparar los períodos 2015-2019 y 2020-2024.
Esa trayectoria, sin embargo, enfrenta dos amenazas que López identificó con precisión: un impuesto que no tiene equivalente en el mundo occidental y lo que llamó, sin eufemismos, \”frenesí legislativo\”.
El impuesto que Colombia inventó sola
Uno de los puntos más contundentes del congreso fue la crítica al impuesto de Presencia Económica Significativa, introducido en la reforma tributaria del gobierno actual. Este tributo grava a plataformas digitales sin residencia fiscal en Colombia.
\”No existe en ningún otro país del mundo occidental y vuelve a Colombia menos atractiva para la inversión y encarece servicios cotidianos\”, señaló López.
La afirmación merece atención analítica. Cuando un país introduce un instrumento tributario sin precedente en su entorno competitivo, el efecto no es solo fiscal: es una señal al mercado internacional sobre las reglas del juego. En un sector donde la inversión es móvil y las decisiones de localización se toman comparando marcos regulatorios, esa señal tiene consecuencias que no aparecen de inmediato en las cifras, pero sí en las decisiones de inversión de los próximos dos o tres años.
El frenesí legislativo como riesgo sistémico
López fue directo ante los congresistas presentes: \”El frenesí legislativo no es un buen consejero.\” La pregunta que lanzó al auditorio resume el dilema de fondo: ¿debe el Estado priorizar la producción de leyes que no transforman la realidad del mercado, o concentrarse en preparar el sistema educativo y la institucionalidad para la revolución digital?
La advertencia no es abstracta. En los últimos años, el Congreso colombiano ha tramitado múltiples iniciativas sobre plataformas de movilidad, trabajo digital, criptomonedas y datos personales, muchas de ellas con diagnósticos incompletos sobre el funcionamiento real de estos mercados. El riesgo de regular por reacción, en lugar de por diseño, es que se generan marcos legales que resuelven el problema de ayer mientras crean los obstáculos de mañana.
Cuatro ejes con propuestas concretas
El documento de Alianza In no se limita a señalar problemas. Presenta propuestas en cuatro frentes que concentran los debates regulatorios más urgentes del sector.
Movilidad y reparto
Las cifras del sector ilustran su escala: en 2024 había cerca de 21,5 millones de cuentas en plataformas de movilidad con vehículo particular, 6,9 millones de usuarios de taxi a través de plataformas, 1,2 millones de conductores particulares activos y 186.000 taxistas generando ingresos digitalmente. Las plataformas de reparto contaban con 600.000 cuentas de repartidores y 135.000 comercios vendedores.
Un estudio de Ipsos citado por López aporta datos sobre el perfil de estos trabajadores: el 56% de los conductores no son propietarios del vehículo, el 78% alcanza sus metas económicas gracias a la plataforma y el 98% ya acepta pagos digitales. Son números que complican cualquier narrativa simplificada sobre la precarización del trabajo en plataformas.
La propuesta del gremio en este eje es regular sin prohibir, diferenciar tipos de servicio, elevar estándares de seguridad y eliminar los cupos municipales de taxis, a los que califica de \”barreras artificiales\” que encarecen la operación.
Crédito digital
El gremio pidió modernizar el marco legal, actualizar las normas sobre tasa de usura y revisar la definición del tipo penal de captación masiva. El argumento central: el 28,7% de los clientes de las fintech de crédito digital son personas excluidas del sistema financiero tradicional. Regular este segmento con los mismos instrumentos diseñados para la banca tradicional equivale a cerrarle la puerta a casi tres de cada diez usuarios que no tienen otra alternativa de acceso al crédito.
Criptomonedas
Alianza In propuso un sistema tributario con exenciones graduales y temporales para atraer inversión, y la creación de \”Crypto Hubs\” en zonas turísticas como La Candelaria en Bogotá y el centro histórico de Cartagena. La apuesta es posicionar a Colombia como destino de referencia para el ecosistema cripto en la región, aprovechando una ventana competitiva que otros países ya están ocupando.
Identidad digital
El gremio invitó al próximo gobierno a liderar una estrategia nacional bajo el liderazgo de la Registraduría, con estándares de interoperabilidad y una billetera digital universal para cada colombiano en 2030, que integre documentos transaccionales e historia médica. Es la propuesta más ambiciosa del documento y la que más depende de voluntad política sostenida más allá de un período de gobierno.
El contexto electoral y la decisión de la OIT
El congreso se realizó a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, con varios candidatos confirmados para participar en las jornadas. La elección del momento no es casual: Alianza In busca instalar la agenda digital en el centro del debate electoral antes de que los programas de gobierno queden fijos.
En paralelo, López informó que en junio la Organización Internacional del Trabajo tomará en Ginebra una decisión sobre una norma internacional para el trabajo en plataformas de reparto. El gremio pidió al gobierno colombiano que su posición en ese foro sea coherente con el consenso alcanzado localmente el año pasado entre el Congreso, el Gobierno, el gremio y los repartidores, que estableció un modelo de protección social con seguridad social compartida.
Lo que está en juego
Colombia tiene una oportunidad concreta de consolidar su posición como hub tecnológico regional. Los números de inversión y captación de capital lo confirman. Pero esa posición no es permanente ni automática: se sostiene con marcos regulatorios predecibles, tributación competitiva y una institucionalidad que entiende cómo funcionan estos mercados antes de legislar sobre ellos.
La advertencia de Alianza In sobre el \”frenesí legislativo\” no es una defensa del statu quo. Es un recordatorio de que en economía digital, la velocidad con que se regulan los mercados emergentes puede ser tan determinante como la dirección que toma esa regulación. Y que Colombia, en este momento, tiene más que perder que ganar si confunde actividad legislativa con política pública efectiva.
Fuente: Segundo Congreso Anual de Alianza In Colombia, Bogotá, abril de 2026
