La inversión en Colombia se enfrenta a un panorama cada vez más complejo y costoso. A medida que el gobierno opta por gravar el patrimonio en lugar de las utilidades, se genera un desincentivo para el capital que el país tanto necesita. Esta situación no solo afecta la llegada de nuevas inversiones, sino que también impacta negativamente la capacidad productiva del país.
Caída de la Inversión Productiva
Los datos son alarmantes. La inversión en maquinaria, infraestructura y activos productivos ha disminuido del 24% del PIB en 2015 al 16% en 2025. Esta caída representa una pérdida significativa en la capacidad productiva, cuyos efectos se traducirán en una menor creación de empleo y un estancamiento en el crecimiento económico. Cuando las empresas deciden invertir, no solo adquieren maquinaria; también generan empleos, contribuyen con impuestos y benefician a proveedores y comunidades enteras.
El Impacto del Decreto 0173 de 2026
En este contexto, el reciente Decreto 0173 de 2026 ha suscitado preocupación. Este decreto establece un impuesto extraordinario al patrimonio, que afecta a más de 15,000 empresas y representa cerca de tres millones de empleos. La Corte Constitucional está revisando su legalidad, mientras muchas empresas se ven forzadas a pagar la primera cuota para evitar sanciones y embargos.
Este tributo no se basa en las utilidades ni en las ventas, sino en los activos que las empresas han acumulado. En la práctica, esto se traduce en una doble tributación que penaliza la inversión pasada y desincentiva la futura. Para cumplir con este impuesto, muchas empresas se ven obligadas a endeudarse o a vender activos, lo que agrava aún más su situación financiera.
Un Futuro Incierto
La falta de correlación entre el monto que se busca recaudar y el costo real de las emergencias es evidente. Con un presupuesto de 2026 que ya arrastra un faltante cercano a los $20 billones y un gasto público en aumento, surge la pregunta de si estos $6.3 billones realmente atenderán las emergencias o si simplemente se utilizarán para cubrir el déficit fiscal.
Recaudar impuestos no es solo una obligación legal; es una cuestión de legitimidad. La confianza en el sistema fiscal se construye con reglas claras y coherentes. Sin esta estabilidad, el daño a la inversión se vuelve silencioso pero acumulativo, y sus consecuencias pueden llevar al país a retroceder en su desarrollo económico.
Conclusión
Invertir en Colombia se ha vuelto un desafío creciente. La combinación de impuestos sobre el patrimonio y la incertidumbre económica desincentiva la inversión, lo que a su vez afecta el empleo y el crecimiento. Para revertir esta tendencia, es crucial que el gobierno implemente políticas que fomenten un ambiente propicio para la inversión y que aseguren la sostenibilidad económica del país en el futuro.
