En medio de un clima preelectoral que comienza a calentar la agenda pública, la infraestructura vial del Eje Cafetero se ha convertido en el nuevo epicentro de tensiones. Las recientes movilizaciones del 15 de mayo en los peajes de la región han dejado al descubierto una profunda fractura: mientras sectores políticos impulsan los plantones argumentando la defensa de las comunidades, los principales actores gremiales, empresariales y logísticos del transporte han decidido retirar su respaldo, cuestionando los verdaderos intereses detrás de la protesta.
A pesar de que promotores de la movilización, como el Representante a la Cámara Santiago Osorio, aseguraron públicamente que la jornada consistiría en un despliegue puramente comunicacional y pacífico sin afectación a la movilidad, la realidad en el terreno fue otra. Con la llegada de los manifestantes —y la presencia del propio congresista—, se reportaron cierres y bloqueos efectivos al paso de vehículos en el peaje San Bernardo y en las estaciones de Tarapacá 1 y 2.
El choque: Agendas políticas vs. Operación logística
Para el sector empresarial, resulta paradójico que una movilización cuyo estandarte es el alivio económico de los transportadores no cuente con el apoyo de quienes movilizan la carga del país. Diversas organizaciones regionales han sido enfáticas: aunque es legítimo debatir el modelo de peajes a futuro, es inaceptable respaldar vías de hecho que paralicen el abastecimiento, fracturen la cadena logística y golpeen la economía regional.
El objetivo declarado por el sector político liderado por Osorio es presionar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que defina el futuro de la IP Conexión Centro, el proyecto que sucedería a la actual concesión de Autopistas del Café. Sin embargo, analistas advierten que la conversación se ha contaminado con dinámicas electorales.
\”La convocatoria inicialmente era para una rueda de prensa (…) Pero nos sorprendió la llegada de representantes políticos a un espacio que debía ser ciudadano y técnico. Ya lo habíamos advertido: no se le puede meter política a esta lucha\”, sentenció Fernando Vallejo, representante gremial, evidenciando el malestar por la instrumentalización del sector.
La barrera de la realidad jurídica y financiera
Más allá de las narrativas de desmonte inmediato de peajes, el sector técnico y de ingeniería advierte sobre los peligros fiscales de ignorar los contratos vigentes. Actualmente, no existe ningún acto administrativo ni soporte legal que ordene modificar el esquema operativo de manera anticipada.
La actual concesión está blindada por un marco normativo estricto:
- Vigencia contractual: El fallo del Tribunal de Arbitramento de 2018 es el principal antecedente jurídico, ratificando la continuidad operativa del concesionario hasta febrero de 2027.
- Equilibrio económico: Las leyes 80 de 1993 y 1508 de 2012 exigen que cualquier modificación contractual cuente con un robusto soporte técnico y financiero para proteger el patrimonio del Estado.
\”Nosotros no vamos a acompañar el evento (…) porque no existe claridad jurídica sobre lo que quieren hacer. Cualquier terminación anticipada implicaría discusiones jurídicas, indemnizaciones y afectaciones económicas para el Estado\”, advirtió Claudia Pilar Calderón Acuña, Presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles, haciendo un llamado a que las revisiones se hagan por la vía \”legal, técnica y democrática\”.
El peso económico de la infraestructura en juego
Alterar la estabilidad jurídica en el Eje Cafetero no solo arriesga demandas multimillonarias contra la Nación, sino que pone en vilo el ecosistema laboral y comercial de una región altamente dependiente de su red logística.
Según cifras del análisis sectorial, la operación vial en esta zona representa:
- Más de 56.000 empleos directos e indirectos generados históricamente.
- 300 empleos formales actuales que sostienen la operación en las capitales del Eje.
- Una proyección de 8.300 nuevos empleos directos atados a las futuras iniciativas de infraestructura.
Para las cámaras de comercio y gremios productivos, el mensaje es unívoco: el futuro vial de una de las regiones más prósperas de Colombia requiere financiación clara, mantenimiento garantizado y sostenibilidad operativa. Las modificaciones contractuales dictadas por la presión mediática o la urgencia electoral, advierten, terminan siendo la fórmula perfecta para ahuyentar la inversión y desestabilizar la economía local.
