El sector empresarial colombiano enfrenta una creciente preocupación ante la inminente implementación del impuesto al patrimonio establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, ha advertido que miles de empresas podrían verse abocadas a la quiebra si se mantiene este tributo, que se aplicará a las personas jurídicas y cuyo primer pago está programado para el 1 de abril.
Implicaciones del Impuesto
El diseño del impuesto, que grava el patrimonio y no las utilidades, genera un impacto severo en la salud financiera de las empresas. Según el Consejo Gremial, esto podría llevar a situaciones en las que las compañías deban pagar impuestos incluso en escenarios de pérdidas, lo que representa una carga desproporcionada en un contexto económico ya desafiante.
Efectos Inmediatos
Gutiérrez identificó tres efectos principales que podrían resultar de la implementación del impuesto:
- Asfixia de Liquidez: Las empresas enfrentarían una presión severa sobre su caja, lo que podría comprometer su operatividad.
- Mayor Endeudamiento: Para cumplir con las obligaciones fiscales, muchas empresas se verían forzadas a endeudarse, lo que podría agravar su situación financiera.
- Freno a la Inversión: En un momento en que la inversión es uno de los componentes más débiles del crecimiento económico, este impuesto podría disuadir aún más la inversión en el país.
Impacto en el Empleo
El potencial impacto del impuesto no se limita a la salud financiera de las empresas; también podría tener consecuencias devastadoras para el empleo. Las empresas afectadas generan más de tres millones de puestos formales, lo que amplificaría los efectos negativos sobre la economía real y la estabilidad social.
Legalidad del Decreto
En su solicitud a la Corte Constitucional, Gutiérrez cuestiona la legalidad del decreto, argumentando que no se ha demostrado la relación directa entre la emergencia declarada y la necesidad de este tributo. Esto plantea serias dudas sobre su validez constitucional, lo que podría abrir la puerta a un debate legal significativo.
Contexto Fiscal
El contexto fiscal del país también es preocupante. Con un déficit primario que alcanzó el 3,5% del PIB en 2025 y una proyección de un faltante de $32,1 billones para 2026, el Consejo Gremial sostiene que la solución no debería centrarse en la creación de nuevos impuestos, sino en un ajuste del gasto público.
Gutiérrez enfatizó que “con el primer pago del 50% venciendo el 1 de abril, las empresas tienen menos de 10 días para conseguir liquidez. Esto las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo”.
Reflexión
La implementación del impuesto al patrimonio, tal como está diseñado en el Decreto 173, representa una amenaza seria para la estabilidad de miles de empresas en Colombia. Con el riesgo de quiebras, pérdida de empleos y un deterioro en la confianza inversionista, es imperativo que se reevalúe la medida. La comunidad empresarial pide a la Corte Constitucional que considere estos factores antes de permitir que el decreto entre en vigor, buscando así proteger la economía del país y el bienestar de sus trabajadores.
